Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia asuma su facultad legal como órgano rector de los servicios de policía, en ausencia de políticas locales y regionales en la materia. Así no sólo se daría cumplimiento a un mandato constitucional y legal que involucra derechos y garantías fundamentales, también se abonaría el terreno para la transformación ético-política de nuestra región.
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